La difícil situación de seguridad que atraviesa el departamento de Casanare llegó este [día] al Congreso de la República. Los representantes a la Cámara Diego García y Arledy Alvarado denunciaron ante la plenaria la escalada de violencia en la región, marcada por las recientes amenazas atribuidas al Frente 28 de las FARC contra los 19 alcaldes del departamento y el atentado con carro bomba contra el peaje San Pedro, en el municipio de Villanueva.

El representante Diego García hizo un llamado directo al ministro de Defensa para que, en articulación con la Gobernación, las alcaldías y la Fuerza Pública, se convoque de manera urgente un Consejo de Seguridad extraordinario en Casanare. El objetivo, según el congresista, es tomar acciones contundentes que eviten que los grupos armados sigan ganando terreno en la zona.

“La violencia no puede intimidar a nuestras instituciones ni poner en riesgo la tranquilidad de los casanareños”, afirmó García, quien fue enfático en que estos hechos no se pueden volver parte del día a día. Asimismo, aseguró que seguirá gestionando para que desde el Gobierno Nacional se tomen acciones concretas que devuelvan la tranquilidad a la población.

Por su parte, la congresista Arledy Alvarado presentó una constancia ante la plenaria en la que rechazó enérgicamente el atentado del pasado 23 de octubre contra el peaje San Pedro, en Villanueva, que dejó cinco personas heridas. Ante esta situación, exigió al Gobierno Nacional militarizar las vías de Casanare y fortalecer la presencia de la Fuerza Pública en el departamento.

“¡Ya basta de discursos! Casanare necesita autoridad, seguridad en sus carreteras y acciones concretas para proteger a nuestra gente”, afirmó Alvarado. La congresista solicitó formalmente un plan especial de seguridad para el departamento y pidió verificar las presuntas amenazas contra los mandatarios locales atribuidas al Frente 28 de las FARC.

“No podemos esperar a que ocurra otra tragedia. ¡La seguridad de los casanareños debe garantizarse con hechos, no con promesas!”, concluyó la representante.

Las declaraciones de ambos congresistas reflejan una creciente preocupación por la capacidad de los grupos armados para afectar la institucionalidad local y la libre movilidad en el departamento. Las amenazas contra los 19 alcaldes y el ataque al peaje de Villanueva son vistos como un intento de desestabilizar la región, lo que ha motivado el llamado urgente a un Consejo de Seguridad y a una intervención militar directa en las vías.

Se espera que en las próximas horas el Ministerio de Defensa se pronuncie frente a las solicitudes de los congresistas y se defina la fecha para el Consejo de Seguridad extraordinario solicitado.